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Boletín de prensa 17 de agosto de 2011
EL TIEMPO
ALCALDÍA ENTUTELARÁ LAS EPS DE BOGOTÁ POR VIOLAR EL DERECHO A LA VIDA
Jorge Bernal anunció que entregará en diciembre el primer hospital móvil que tendrá la ciudad.
22 gerentes de hospitales las demandarán, también, por no pagar deudas que suman $ 250.000 millones.
La alcaldesa (e.), Clara López, interpondrá una acción de tutela contra las 8 empresas de salud del régimen subsidiado (EPS-S) que funcionan en Bogotá, por violar el derecho a la vida y poner en riesgo la salud de los usuarios, al no pagar 250.000 millones de pesos que adeudan a los hospitales distritales y afectar sus operaciones.
Así lo informó a ELTIEMPO.COM el nuevo secretario de Salud, Jorge Bernal C., quien agregó que, igualmente, los 22 gerentes de estos hospitales demandarán, civilmente y por separado, a cada una de las 8 EPS-S, por incumplimiento en los pagos y los contratos de servicios.
Los hospitales más críticos son Engativá, Suba, Simón Bolívar, El Tunal y Meissen. Todas las instituciones tendrán presupuesto garantizado hasta el 31 de octubre.
Por otro lado, ante el escándalo del 'carrusel de la contratación', que ha salpicado el sector de la salud en Bogotá, Bernal expresó que, este miércoles, la Alcaldesa (e.) firmará un convenio con el programa presidencial de lucha contra la corrupción, para que haya un manejo transparente de las nuevas contrataciones, que ascienden, coincidencialmente, a los 250.000 millones de pesos.
El blindaje contra la corrupción, incluye la capacitación a los funcionarios, para que sean estrictos en el control de los establecimientos, pues son los que emiten los conceptos sanitarios para su cierre o no. Igual vigilancia deberán ejercer sobre los contratos.
Entre estos se halla el del Hospital El Tintal cuestionado por su retraso y que construye una de las firmas de Julio Gómez. Bernal respondió que esta obra tiene un 85 por ciento de ejecución y estará lista en noviembre.
Además, la Alcaldía le pidió al Banco Mundial -por los préstamos hechos y su rápida evaluación - que valore si los contratos actuales de los hospitales con terceros son rentables o tienen sobrecostos. Según Bernal, no es que haya faltado auditoría en la contratación. "Se quiere que programas especializados den su concepto".
EL PRIMER HOSPITAL MÓVIL
Quedará listo en diciembre, anuncia el secretario de salud
El secretario de Salud, Jorge Bernal, dijo que la ciudad contará con el primer hospital móvil que atenderá en casos de grandes emergencias, desastres o cuando lo requiera la ciudad.
Ese hospital móvil arrancará con una carpa para 40 camas de hospitalización y contará con tres baños. Este será entregado hacia diciembre. El hospital móvil tendrá una segunda fase, que se dotará con unidades quirúrgicas portátiles para hacer las cirugías de urgencia que se entregarán posteriormente.
CORTE CONSTITUCIONAL LE PONE LÍMITE A CONCURSOS PARA CARGOS PÚBLICOS
El alto tribuinal advirtió que quien obtenga el primer puesto debe ser el único escogido.
La Corte Constitucional puso en cintura a los concursos de méritos para acceder a cargos públicos.
La decisión la tomó el alto tribunal al conceder dos tutelas presentadas por los ganadores de un concurso realizado en el 2009 por las alcaldías del Palmar (Atlántico) y Majagual (Sucre) para escoger gerentes de sus Empresas Sociales del Estado (ESE).
Aunque obtuvieron las mejores calificaciones, los mandatarios nombraron a los terceros puestos, vulnerando los derechos al acceso y desempeño de funciones y cargos públicos, a la igualdad, al debido proceso y al trabajo.
La Corte advierte que en estos concursos se evalúan las calidades de los candidatos bajo condiciones de igualdad, excluyendo "nombramientos arbitrarios o clientelistas o fundados en intereses particulares".
Y en cuanto a las ternas de elegibles -usuales en estos concursos-, dice que deben ser integradas por los mejores calificados y que el nominador deberá designar a quien haya alcanzado el más alto puntaje.
"El resto de la terna -señala- operará como listado de elegibles: cuando no sea posible designar al candidato con mejor calificación, el nominador deberá nombrar al segundo y, en su defecto, al tercero", siempre explicando los motivos.
FUTURO DE LA REFORMA
Mario López Castaño
La sociedad debe sentirse bien servida si, con la reforma de la justicia, se soluciona el grave problema de congestión judicial.
Quizás el reto institucional de mayor relevancia en materia de modificación de la Carta Política es la reforma de la justicia. Varias razones fundamentales permiten vislumbrar obstáculos tal vez insalvables para sacar adelante esta necesidad sentida de la sociedad. De un lado estará la predisposición del presidente Santos, no obstante su intención de reformar la justicia, de quedar bien con todo el mundo, por lo cual cedería en sus pretensiones reformatorias. Por otra, surgiría el temor reverencial de los congresistas, con una imagen no favorable, encargados de aprobar la reforma frente a las posibles retaliaciones de las altas cortes (Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado), las cuales son sus jueces naturales en términos de juzgamiento penal y pérdida de investidura, respectivamente. Y, en tercer lugar, la prepotencia de no pocos magistrados politizados de las altas cortes, que desde ya amenazaron con una veeduría internacional para neutralizar la afectación de sus intereses, sobre todo personales y económicos. Pese a todo lo anterior, el gobierno de la unidad nacional, con sobrada mayoría en el legislativo, tiene la gran oportunidad de persistir en su proyecto original, muy bien intencionado y concebido, para reformar la justicia, empezando por su liderazgo actual, el cual acusa serías falencias originadas en su actitud política y no jurídica, como es "el deber ser".
Es importante destacar que la oposición al proyecto gubernamental está centralizada en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado: este último actuó como vocero de sendos tribunales al presentar su propio proyecto de reforma de la justicia, en el cual no acepta los aspectos de fondo, como el de la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, que varios gobiernos han intentado hacerla, pero las argucias burocráticas del Consejo en favor de las altas cortes lo han impedido. A este respecto, es de resaltar el cuestionamiento de la Corte Constitucional a la creación, ya descartada, por parte del Consejo de la Judicatura, sin requerimiento alguno, de nuevas plazas de magistrados y profesionales universitarios para satisfacer posibles apetitos burocráticos de congresistas a cuyo cargo estaría el estudio de la eliminación de ese consejo.
Por otra parte, se entrevé en la actitud de la Corte Constitucional que estaría de acuerdo con la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. Ahora, el choque de trenes que se quiere evitar con el proyecto del Gobierno al dejar como órgano de cierre en cuanto a revisión de tutelas a la Corte Constitucional, y que ha sido tajantemente rechazado en el proyecto de reforma del Consejo de Estado, se va a constituir en el punto de quiebre de la posible aprobación de la reforma, a no ser que el Gobierno persista en su proyecto e imponga sus mayorías para su aprobación.
Es bueno recordar que el inicio del enfrentamiento de la Corte Suprema de Justicia con el ex presidente Uribe se debió a que este reconoció públicamente que, conforme a la Constitución, el órgano de cierre en materia de tutela es la Corte Constitucional, y ahora, cuando el Presidente Santos, en su proyecto de reforma, también lo ha considerado, no se espera que las relaciones del actual mandatario con el máximo tribunal de la justicia ordinaria sean las mejores. El desconcertante e ilógico celo institucional de la Corte Suprema y el Consejo de Estado al no aceptar a la Corte Constitucional como órgano de revisión de las tutelas los ha llevado a señalar injustificadamente que el proyecto de reforma del Gobierno vulnera su independencia. Quien saldrá bien librada y con amplia ventaja institucional en el trámite de esta reforma será la Corte Constitucional, por cuanto a esta le corresponderá fallar, por disposición constitucional, sobre la exequibilidad o no del acto legislativo de modificación de la Constitución que reformará la justicia. Lo que respecta a las funciones electorales que se le suprimen a la Corte Suprema y al Consejo de Estado para elegir contralor y procurador con el fin de alejarlas de los vaivenes políticos que ello podría generar, llevó a los voceros de estos altos tribunales a conceptuar que se les estaban violando su autonomía y el principio de la separación de poderes y que, de esta forma, se le otorgaba mucho poder al Ejecutivo. Lo que no reconoció la Corte Suprema es que la elección de la actual fiscal fue la causa, entre otras, de su politización por cuanto abusó de la facultad constitucional al demorar injustificadamente su elección en detrimento de la seguridad jurídica del Estado de Derecho.
En conclusión: se presume que, dadas las mayorías de la unidad nacional en el Congreso, habrá reforma, pero con un futuro incierto en cuanto a su eficacia para la administración de justicia y la estabilidad institucional de las altas cortes como protagonistas principales, para el saludable fin de la reforma. En lo que respecta a la eficacia, la sociedad debe sentirse bien servida si se soluciona el grave problema de la congestión judicial y se despolitiza el liderazgo judicial. En relación con el choque de trenes ocasionado por la regulación de la tutela, el cual se agravaría de darse la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, solo sería neutralizado con una actitud de las altas cortes desprovista de la prepotencia y celo profesional de las mismas. Todo en función de la estabilidad democrática del Estado.
EL NUEVO SIGLO
AVALANCHA DE DEMANDAS CONTRA LEY DE PRIMER EMPLEO
Aunque no piden que tumbe la norma en su integridad, exigen que algunos beneficios y exigencias cobren vigencia este año. Hoy iniciará el examen.
Un total de seis demandas contra varios artículos de la Ley 1429 de 2010, o ley del Primer Empleo, serán estudiadas por la Corte Constitucional desde hoy.
EL NUEVO SIGLO describe algunas de las demandas:
1. Al artículo 16 de la norma que trata sobre los apoyos económicos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, en el que el beneficio entra a aplicar a partir del año gravable 2010.
El demandante considera que al contemplar un beneficio tributario aplicable a partir del año gravable 2010, pese a tener la ley vigencia en el año gravable 2011, vulnera los artículos 338 y 363 de la Constitución. Aduce que el parágrafo del mencionado artículo cobija con un beneficio situaciones que ya se habían consolidado en el pasado, lo cual va en contra de la prohibición de la retroactividad que rige en materia tributaria.
Sin embargo, en su concepto, la Procuraduría señaló que “no hay razón alguna para pensar que ocurra la vulneración de los preceptos superiores, pues el beneficio tributario, a más de aplicarse sólo a partir de la vigencia de la ley y no antes, sólo desde esa fecha es posible para el Estado entregar los apoyos económicos en comento”.
2. Por presunta vulneración de varios preceptos constitucionales por parte del artículo que tiene que ver con la prohibición de la contratación de personal a través de cooperativas de trabajo asociado, “pues la alusión que se hace al Código Sustantivo de Trabajo respecto de la retribución de los trabajadores asociados, desconoce la existencia de otras formas de trabajo, también protegidas por la Carta, como es el caso del trabajo solidario. El ampliar el ámbito de aplicación de la legislación laboral a los trabajadores asociados, afecta el derecho de asociación, pues éstos tienen un régimen jurídico propio”, dice la demanda.
Aquí, el Ministerio Público le pide a la alta Corte no acoger los argumentos de la demanda, porque “no toca aspectos distintos a la citada retribución, y lo hace para proteger principios mínimos fundamentales, por lo cual no puede decirse, como lo hace el actor, que ésta implique desconocer el régimen propio de las cooperativas de trabajo asociado, para imponer a los trabajadores asociados el régimen del Código Sustantivo del Trabajo”.
3. Contra el artículo 63 de la Ley 1429, que tiene que ver con la prohibición de la intermediación de cooperativas de trabajo asociado, en la que se acusa que dicha prohibición se haga efectiva sólo hasta el primero de julio del 2013.
El demandante considera que el tiempo previsto para que la ley entre en vigencia, permite que se siga desconociendo los derechos de los trabajadores, por medio del uso abusivo de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado. Aduce que esta norma fomenta la “deslaborización” de los sectores público y privado, por la vía de la “tercerización laboral” en el período comprendido entre el 30 de diciembre de 2010 y el 30 de junio de 2013.
No obstante, el procurador Alejandro Ordóñez descartó los argumentos descritos, al considerar que “si una entidad pública omite los procesos de selección que debe aplicar conforme a la constitución y a la ley, para escoger a sus servidores sobre la base del mérito, valiéndose para ello del uso abusivo de cooperativas de trabajo asociado, habría un claro incumplimiento de los deberes funcionales de la persona que así procede, y su conducta debe ser denunciada, investigada y sancionada por los órganos competentes (…) por lo que no se requiere, pues, esperar hasta el primero de julio de 2013, fecha en la cual entra en vigencia el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, para controlar la conducta abusiva e irregular en comento”.
EL DEBATE SOBRE LA REFORMA JUDICIAL
El debate sobre la reforma judicial. En los últimos días hemos acudido al debate entre el Ejecutivo y los magistrados de las altas Cortes sobre las reformas que necesita la Justicia.
El Gobierno lanza su estrategia de la mano del ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra -protagonista de la Asamblea Constituyente del 91-, un funcionario prudente, sereno, de grandes conocimientos jurídicos, familiarizado con el trasfondo de nuestra Constitución.
La propuesta que nació muerta. Según expertos constitucionalistas consultados por La Barca, el Consejo de Estado solo tiene iniciativa constitucional en materias propias de su competencia, por cuanto, según el Título XIII que trata sobre la reforma a la Carta Magna, solo podrán presentar proyectos de acto legislativo el Gobierno; diez miembros del Congreso; 20 por ciento de los concejales o de los diputados y los ciudadanos en un número equivalente al menos a 5 por ciento del Censo Electoral vigente, quienes tienen iniciativa constitucional no restringida. Por tanto, la propuesta de reforma presentada a consideración del Congreso por el Consejo de Estado, en buena parte, nació muerta, pues de los 22 artículos cuya modificación se propone, solo podrán hacerlo en el siguiente articulado: el 228, 230, 231, 232, 237 y 241, ya que son los únicos que tienen relación con la competencia del supremo juez de lo contencioso.
Las demás Cortes. Según los mismos tratadistas, por las razones anteriores la Corte Suprema de Justicia no ha presentado ni podrá presentar proyecto de reforma constitucional alguno, ya que a tal entidad la Constitución del 91 no le dio ninguna iniciativa constituyente, otorgándosela solo al Consejo de Estado y al Consejo Nacional Electoral, pero limitándola a lo que sea materia de sus respectivas funciones. ¿Qué propondrá ahora el Consejo Nacional Electoral que tiene al frente un jurista de la sapiencia de J. J. Vives? Que hable ya o calle para siempre.
Unas incompatibilidades e inhabilidades. Al igual que para los congresistas (dicen los juristas consultados por La Barca) se debe establecer para los magistrados un severo régimen de incompatibilidades e inhabilidades que les impida durante todo el período y por lo menos los años siguientes para el período que fueron elegidos, desempeñar cargos públicos o gestionar ante el Estado, en nombre propio o de terceros, pues es la puerta giratoria que tiene que sellarse de inmediato para evitar la penosa situación de ver a los ex magistrados disfrutando de jugosos contratos con el Estado para conceptuar o litigar incestuosamente ante la misma corporación de la que acaban de usufructuarse.
Unas sospechas. Hay quienes sospechan que la defensa a ultranza por la supervivencia del Consejo Superior de la Judicatura que hacen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado es tan solo la defensa de sus propios intereses futuros, porque muchos de ellos recalarán allí.
Mientras la Rama Judicial maniobra de manera colegiada pero difusa, la Corte Suprema manifiesta su preocupación en un entorno de fallos respetados pero cuestionados.
REVISTA SEMANA
GOBIERNO, A EXPLICAR DESPELOTE EN LAS CÁRCELES
Fueron citados el ministro del Interior, el ministro de Justicia y el director del Inpec luego de las irregularidades reveladas por SEMANA.
El senador Juan Manuel Galán promoverá un debate de control político por las irregularidades en el INPEC y en los centros carcelarios revelados por la revista SEMANA.
La comisión primera del Senado aprobó para el próximo 30 de agosto un debate de control político al que fueron citados el ministro de justicia, Juan Carlos Esguerra; el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, y el director del INPEC, general Gustavo Adolfo Ricaurte.
Cuatro serán los interrogantes que deberá responder el gobierno: 1. ¿Comparte el gobierno nacional el diagnóstico en cuanto a los grandes problemas de corrupción que enfrenta el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)? 2. En estas circunstancias, ¿por qué el gobierno nacional durante la legislatura anterior insistió en el aumento de penas y la restricción de medidas como la detención domiciliaria? ¿Cuál es la política del gobierno nacional en la materia? 3. La Policía Nacional y algunos funcionarios afirman con frecuencia ante los medios de comunicación que se han desarticulado o desmantelado bandas de delincuencia común y de delincuencia organizada. ¿Cómo se puede hablar de desarticulación de tales bandas, si pueden continuar delinquiendo desde la cárcel? y 4. ¿Qué acciones se tomaron en contra de los funcionarios y particulares allí mencionados?
Para el 24 de agosto, en la comisión segunda de la Cámara de Representantes, Iván Cepeda (Polo) también convocó a un debate de control político en el que pretende evaluar políticas del Gobierno frente a otros temas carcelarios como el hacinamiento y contratación en las cárceles y derechos humanos.
DESDE OCTUBRE REGIRÁN NUEVAS REGLAS PARA SECTOR SALUD
Mauricio Santamaría, ministro de la Protección Social, anunció que habrá un nuevo esquema de funcionamiento para el sector de la salud. Las medidas se conocen después de que el presidente Juan Manuel Santos aseguró el viernes pasado que “todos los colombianos van a ser atendidos, sin importar qué enfermedad tengan”.
Una de las decisiones que anunció Santamaría a través de Caracol Radio es el cambio, a partir del 2012, del Plan Obligatorio de Salud (POS) por el Plan de Beneficios, que se definirá por enfermedades y no por medicamentos o tratamientos, como ocurre en la actualidad con el POS.
“El plan de beneficios que se ha planteado dentro de esta nueva hoja de ruta básicamente lo que quiere es incluir todas las patologías. Habrá muy pocas que no estarán incluidas dentro del sistema (como las enfermedades huérfanas)”, aclaró.
Sin embargo, el ministro explicó que en noviembre de este año el actual POS estará actualizado, según la orden que dio la Corte Constitucional a través de la sentencia T-760 y la actual ley de salud, la 1438, que rige desde enero del 2011.
Según Santamaría, en octubre se revelarán los decretos que permitirán el funcionamiento del nuevo sistema de salud.
El ministro agregó que el nuevo Plan de Beneficios incluye un programa de fortalecimiento de la red hospitalaria pública. “Le hemos hecho un aumento presupuestal del orden de dos billones de pesos anuales. Un billón proviene del presupuesto general de la Nación, que quedó en el presupuesto del 2012”, explicó.
Nuevas irregularidades en EPS
El ministro reveló también que se intervendrán dos EPS tras conocerse nuevas irregularidades.
En mayo pasado, el gobierno nacional había anunciado la intervención de Saludcoop, la EPS más grande del país, tras el hallazgo de inconsistencias en su manejo financiero.
A propósito de la intervención de Saludcoop, Santamaría informó que “está funcionando bien”. Planteó además que “se va a pagar toda la cartera que tiene atrasada esta EPS".
No desconoció que existen EPS que cumplen su labor de manera adecuada, pero aclaró que aquellas "que no sirven, se intervengan o se liquiden".
Sobre los casos de corrupción detectados este año, el ministro aseguró que “las investigaciones continúan”, y anunció que habrán más capturas.
NOTICIERO CMI
PRIMEROS ACUERDOS EN EL CONGRESO SOBRE LA REFORMA A LA JUSTICIA
Arrancó en el Senado el proceso de estudio de la reforma a la justicia, proceso basado en los proyectos del Gobierno y del Consejo de Estado.
La idea del presidente de la Comisión Primera, Luis Fernando Velasco, es que los dos proyectos se acumulen y sean estudiados simultáneamente. Los ponentes de los dos proyectos y de todos los demás que contengan reformas a la justicia, que se puedan presentar, serán los mismos.
Inicialmente han sido nombrados tres coordinadores de ponentes: Jesús Ignacio García, del Cauca, por el Partido Liberal; Eduardo Enríquez Maya, de Nariño, por el Partido Conservador, y el antioqueño Juan Carlos Vélez, por el Partido de la U.
Habrá, al margen de estos tres coordinadores, otros tres ponentes: Luis Carlos Avellaneda, por el Polo; Jorge Londoño, por el Partido Verde, y Hemel Hurtado, por el PIN.
El presidente de la comisión, Luis Fernando Velasco, dispuso la realización de preaudencias ante de los debates.
El objetivo es el de escuchar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, al presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, y al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra. La primera audiencia será el 23 de este mes.
Es más fácil poner de acuerdo al Bolillo Gómez con la señora agredida que a los partidos conservador, liberal y PIN. Se acordarán de mí. Habrá varias ponencias.
EL NUEVO PLAN EN MATERIA DE SALUD GARANTIZARÁ AUTONOMÍA MÉDICA
Los médicos tendrán la autonomía para ejercer su profesión con base en criterios clínicos y éticos y no sujetos a una serie de listados.
Hoy el ministro de Protección Social, Mauricio Santamaría, aseguró que gracias al plan que el Gobierno Nacional pretende adelantar en materia de salud, los especialistas de esta área tendrán la autonomía para ejercer su profesión con base en criterios clínicos y éticos y no sujetos a listados de procedimientos permitidos.
“Existirá una guía que contendrá unos protocolos establecidos por la comunidad médica, a través de la cual se determinará el tratamiento a seguir para las diversas patologías”, indicó el minprotección.
Según lo anunció el jefe de la cartera de la Protección en entrevista con Caracol Radio y Televisión, en noviembre estará en vigencia el nuevo POS y en mayo de 2012 el nuevo Plan de Beneficios.
El alto funcionario aseguró que mientras él esté a cargo del ministerio no se permitirán aumentos a los aportes al sistema de salud y que no habrá mayores impuestos.
"Lo que es un hecho es que una eventual reforma tributaria no modificará el tema de salud. Son tres billones y medio los que va a financiar el tema del Plan de Beneficios y la unificación", explicó el jefe de la cartera de Protección.
Santamaría también reveló que serán intervenidas otras dos entidades promotoras de salud (EPS) luego de que se detectaran nuevas irregularidades.
“Una cosa son las intervenciones y otra cosa es la corrupción, tema que maneja la Fiscalía. Esa investigación continúa y va a haber nuevos resultados, con respecto a EPS, también a hospitales en algunas regiones del país, y en ese sentido las investigaciones continúan y se producirán capturas”, indicó.
En referencia a Saludcoop, el ministro señaló que “las intervenciones surgieron por manejos contables y financieros que no son los adecuados, o porque la entidad está quebrada. Vale la pena decir es que la intervención de Saludcoop está funcionando bien, y creemos que se va a pagar toda la cartera que tiene atrasada esta EPS. Hay unas EPS que cumplen su labor de manera adecuada, y hacía eso es que queremos movernos, que las que no sirven, se intervengan o se liquiden”, anunció.
EL DEBATE DE LA REFORMA A LA JUSTICIA TIENE QUE SER NACIONAL Y PÚBLICO: GERMÁN VARGAS
En la reforma a la justicia nada está escrito en piedra»: presidente Santos
. Hoy el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, sostuvo en referencia al proyecto de Reforma a la Justicia presentado por el Consejo de Estado ante el Senado, que todas las propuestas que busquen mejorar el sector justicia serán bienvenidas.
“Eso va a ayudar a enriquecer el debate. Conozco ya varias propuestas y, a partir de este mes, en la Comisión Primera arranca un debate que tiene que ser nacional y público, para que entre todos encontremos las soluciones que terminen este problema de la mora, de la congestión y del acceso a la justicia”, señaló Vargas Lleras.
El pronunciamiento se produjo durante el foro Actualización de normas de contratación pública previstas en el Estatuto Anticorrupción, que se realiza en el Hotel Tequendama.
El alto funcionario indicó que las reformas propuestas por el Consejo de Estado son de alguna manera parciales y que la justicia colombiana, debido al momento que atraviesa, necesita una reforma de fondo.
“Creemos que hay que acudir a medidas extraordinarias, no podemos seguir con más de lo mismo. El Consejo de Estado considera que tan sólo con jueces de descongestión es posible avanzar. Nosotros creemos que para administrar la Rama debe eliminarse el Consejo Superior de la Judicatura”, comentó el ministro.
Con ocasión de la jornada de elecciones que se acerca, el jefe de la cartera política recordó algunas disposiciones del nuevo Estatuto Anticorrupción relacionadas con el proceso electoral.
“La financiación de las campañas para alcaldes y gobernadores implica que nadie puede hacer un aporte en el sector privado superior al 2.5 por ciento de los topes de las campañas. Quienes lo hagan quedarán inhabilitados para contratar con las respectivas alcaldías, gobernaciones o entidades adscritas descentralizadas. Además, ninguna entidad del sector salud puede hacer aportes a las campañas políticas”, recalcó Germán Vargas.